La norma del juego online española podría ser ilegal

ArticlePhoto Ha entrado en vigor una nueva ley del juego en Chile. En concreto la número 20.856, que llega para sustituir a la 19.995. Y lo más destacado de su contenido es que prorroga las licencias a las siete comunas autorizadas para albergar casinos municipales: Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Hasta el 31 de diciembre de 2017 se dilatarán las concesiones a estas siete municipalidades. Posteriormente, a buen seguro, se volverá a renovar el permiso.

Algunas legislaciones de países europeos sobre juego online, como España, Italia o Francia, exigen que los operadores con licencia tengan presencia física en el país. Esta cuestión está siendo estudiada en la Comisión Europea porque podría estar incumpliendo alguna de las leyes comunitarias.

Ha sido el eurodiputado maltés David Casa el que ha dado la voz de alarma. Este incluyo en la web del Parlamento europeo una información en la que decía que esta imposición podría conculcar alguna de las libertades fundamentales, poniendo en duda su “compatibilidad con los derechos fundamentales”.

El político pedía a la Comisión que hablara sobre la compatibilidad de esta disposición. Y la respuesta llegó de parte de la comisaria de Mercado Interior de la Unión Europea, Elizbieta Bienkowska. Lejos de descalificar las palabras de su colega europeo, la comisaria aseguró que la Comisión tenía dudas “sobre la compatibilidad de algunas disposiciones nacionales”. Por ello, señaló, estaban haciendo “ciertas investigaciones”.

No obstante, y ante la gravedad de la situación, en caso de que, finalmente, estas legislaciones fueran calificadas de ilegales, Bienkowska pidió calma y recordó que el Tribunal de Justicia del ente europeo contempla ciertas excepciones, siempre y cuando el país que haya pergeñado la norma pueda demostrar que no es discriminatoria y que hay razones de índole pública que impelen a incluir este tipo de condicionantes en las normativas sobre juego online.

La comisaria, sin embargo, dejó claro que estudiarían el caso. Apuntó que los estado miembros pueden “restringir la prestación de servicios de juegos de azar dentro de su territorio”, siempre y cuando (y aquí está la clave de todo y lo que ha llevado a la Comisión a iniciar una averiguación al respecto) las restricciones no discriminen “por razón de nacionalidad y deben estar justificadas por razones de interés público”.

Son muchas las empresas de juego que están radicadas en Malta. Por ello, es de suponer, fue el eurodiputado maltés el primero que sacó a relucir el asunto. Este tipo de disposiciones van en detrimento de los intereses comerciales de la isla. Si a esto le sumamos el hecho de que hay una normativa europea, que entró en vigor en enero de este mismo año, y que estatuye que ahora los jugadores pagarán el IVA del país en el que estén ellos, y no la tasa fiscal aplicable en el lugar donde este sita la empresa, el corolario es que lugares como Malta o Gibraltar pueden dejar de ser los paraísos para el juego online que habían sido hasta ahora.